por Nino Pagliccia
Hace sesenta años, Canadá no rompió relaciones diplomáticas con Cuba, mientras que la OEA expulsó a Cuba de la organización después del triunfo de la Revolución Cubana. Hoy en día, la OEA ha mantenido en gran parte su mandato de no interferir, mientras que Canadá encabeza una sector ilegítimo de los países de la OEA, autodenominados como Grupo de Lima, para impulsar el cambio de régimen en Venezuela. Eso es irresponsable y peligroso.
En este momento, hace sesenta años, Cuba acababa de ganar su revolución a través de un levantamiento popular que derrocó al dictador Fulgencio Batista. Dos años más tarde, en 1961, los Estados Unidos planearon una invasión de bandera falsa a Cuba que fracasó. Más tarde, en 1962, la Organización de los Estados Americanos (OEA) se volvió contra Cuba y la expulsó de la organización que aisló al país hasta el 2009, cuando la OEA invitó a Cuba a unirse nuevamente. Cuba rehusó. Estados Unidos ha mantenido un bloqueo comercial y financiero unilateral progresivo en la isla desde 1960.
Desde aquel 1 de enero de 1959, Canadá ha adoptado una postura esencialmente independiente sobre Cuba y ha mantenido relaciones diplomáticas y comerciales con el país. Incluso hoy, cuando el gobierno de EE. UU. coloca a Cuba como miembro de la "troika de la tiranía" junto con Nicaragua y Venezuela, el gobierno canadiense está practicando una asociación formal con el gobierno cubano quien se declara todavía abiertamente socialista. Bien podría ser para proteger los intereses extensos construidos a lo largo del tiempo sin la competencia de las empresas estadounidenses. Pero ese es otro tópico.
Hoy en una revolución socialista diferente en Venezuela tenemos una situación inversa.
Hugo Chávez ganó la presidencia de Venezuela a través de elecciones democráticas en 1999, como lo hizo el actual presidente Nicolás Maduro en 2013. Las 25 elecciones en diferentes niveles en los últimos veinte años han sido democráticas y constitucionales con la participación de los partidos de la oposición. Esta es una verdad innegable a pesar de la desinformación de los medios y gobiernos comprometidos.
A diferencia de su posición pasada hacia Cuba, la OEA se ha negado repetidamente a condenar a Venezuela incluso bajo la presión más fuerte de Washington. La organización ha considerado oportuno cumplir con la Carta de la OEA de 1948 que, en el Artículo 19, el Capítulo IV establece: "Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen."
Al romper ese mandato explícito y contrariamente a su posición independiente con respecto a Cuba hace sesenta años, Ottawa ha sido fundamental en la creación del llamado Grupo de Lima con la única misión del cambio de régimen en Venezuela.
Para dejar constancia, hay que destacar que el "Grupo de Lima" no es una organización internacional. Es solo un grupo de gobiernos ad hocque no tiene otro propósito que promover el derrocamiento del gobierno legítimo de Maduro.
En ese contexto, su última declaración que llama a no reconocer la presidencia de Maduro a partir de la ceremonia de inauguración el 10 de enero, y para imponer otras formas de "castigo", no se puede tomar como una resolución formal emitida por un organismo internacional establecido como la OEA o la ONU. Desafortunadamente, la oposición venezolana elige convenientemente tomarlo de esa manera. Por ejemplo, los miembros autonombrados de la "Corte Suprema de Justicia" en el exilio emitieron su propio llamado a "reconocer la resolución del Grupo de Lima". Eso es extremadamente engañoso, irresponsable y peligroso.
El “Grupo de Lima” de 13 gobiernos (de los 33 Estados miembros de la OEA), signatarios de la declaración (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía) , es totalmente ilegítimo en su pretensión de ser un organismo internacional. El grupo quiere lograr fuera de la OEA lo que no pudo lograr dentro de la OEA. En última instancia, tendrá que rendir cuentas como el instigador ideológico foráneo de cualquier violencia que pueda ocurrir en Venezuela.
A pesar de la necesaria explicación anterior de un claro acto ilegal internacional que pisotea la soberanía de otro país, es importante ampliar la perspectiva de la situación resaltando dos puntos. En primer lugar, el gobierno mexicano, aunque es miembro del "Grupo de Lima", no ha respaldado su documento. Más sensatamente, justificó su abstención al solicitar que se establezca un diálogo abierto con el gobierno de Venezuela en lugar de imponer aislamiento y amenazas. México fue otro país que mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba hace 60 años. Parece ser más consistente que Canadá.
En segundo lugar, parece que la mayoría de los países del mundo aceptarán la legitimidad de la presidencia de Nicolás Maduro y reconocerán a su gobierno durante los próximos seis años. De hecho, varios jefes de Estado asistieron a la ceremonia de inauguración el 10 de enero en Caracas.
Sin embargo, al concluir, nadie debe esperar ni por un segundo que el presidente electo de Venezuela sea declarado legítimo por cualquier estado extranjero. Venezuela es soberana y democrática. Seis millones 244 mil venezolanos, que representan el 32% del total de personas con derecho a voto, con más de 4 millones de votos por encima del candidato que quedó en segundo lugar, y con una participación electoral del 48%, han elegido democráticamente a su presidente para los próximos seis años. Eso es suficiente para demostrar que el presidente Nicolás Maduro es legítimo.
